Garoña que Garoña.

Santa María de Garoña es un pueblo de 23 habitantes del municipio burgalés de Valle de Tobalina, que cuenta entre sus infraestructuras con la central nuclear en activo más antigua de España. Inaugurada en 1970, y con una vida estimada de 40 años, la promesa electoral de su cierre por parte del presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, ha vuelto a saltar a los titulares de prensa cuando está a punto de cumplirse el plazo de vida estimado en su apertura.

La central, en sí, es segura. Al menos, según el estudio del Consejo de Seguridad Nuclear, que presentó al Ministerio del Interior, asegurando que la planta eléctrica podría mantenerse en funcionamiento, tras unos cuantos retoques –como la ampliación de la piscina de almacenamiento de residuos-, durante diez años más. Y yo no voy a desconfiar de esas conclusiones.

El problema político y estructural directo procede de los más de mil empleos directos e indirectos que se perderían en la comarca de las Merindades. Pero este es un problema solo para una región desestructurada, que se volcó en un sistema de producción con fecha de caducidad y no exigió a sus políticos –por tanto, a sí mismos- el desarrollo de variantes económicas para su futuro. Como pasa en Asturies con el tema de la minería y las industrias siderometalúrgica y naval, la solución no pasa por mantener en el tiempo algo que es perjudicial para la mayoría, a base de subvenciones y prejubulaciones multimillonarias. Tampoco pasa por la apertura rápida de un parador nacional, como plantea el Gobierno central. La solución, si verdaderamente fuera una población solidaria con el resto, en lugar de mendigar la solidaridad de los demás, procedería de la explotación de sus propios recursos, creando cooperativas de producción de pequeña escala, de productos agrícolas y ganaderos de calidad –que la zona los tiene, y muchos- o derivando las inversiones de Nuclenor, la empresa gestora de la central nuclear, participada a partes iguales por Iberdrola y Endesa, hacia plantas eléctricas de producción alternativa y ecológica –eólicas y solares-.

Pero aquí está el principal problema, el de fondo: ¿qué política energética quiere seguir España?

Leía el domingo un artículo abochornante –por la vergüenza ajena que sentí ante la manipulación, porque no creo que su autor esté malinformado- donde se decía que la producción eléctrica española era deficitaria y que se compraba a Francia aquello que las centrales patrias no podían producir, ofreciendo a cambio no solo dinero, si no, además, de hacerse cargo de los residuos contaminantes. Antes, hablaba de Francia como el paradigma, que lo es, de la producción eléctrica nuclear, alardeando de su seguridad y de la capacidad de autoservicio energético del país galo. Por último, arremetía contra los planes del Gobierno español de acabar con las centrales nucleares ante su apuesta por las energías renovables, diciendo que estas eran más caras e insuficientes, por lo que el clientelismo y la dependencia se mantendrían e, incluso, se incrementarían para poder mantener el nivel de consumo actual. (Para más información, La pana y lo nuclear, por Carlos Herrera, en el suplemento XLSemanal)

Creo que nadie acusa a las centrales nucleares de inseguridad. Es cierto que aún persiste en la memoria colectiva el desastre nuclear de Chernóbil y que a nadie le gustaría ver en su municipio una planta de estas características. Pero también es cierto que la seguridad en estas centrales es extraordinaria, pese a que pensar en un posible accidente nuclear pone los pelos de punta. Acusar de inseguras a las centrales nucleares, es demagogia pura: como decir que el avión es un medio de transporte más inseguro que el coche, puesto que en cada accidente mueren 200 personas, por cuatro de cada vehículo particular.

Sin embargo, no es cierto que España sea un país deficitario desde el punto de vista energético. Puede que ciertas comunidades autónomas sí lo sean, pero otras, como es el caso de Asturias, Galicia o Castilla-León, exportan casi el 80% de lo que producen a otras comunidades.

Por otra parte, la exportación de energía eléctrica, es sumamente deficitaria, puesto que en el camino de la central productora al consumidor, se pierde energía en proporción aritmética dependiendo del trayecto a cubrir. Es decir, la energía que se produce en Asturies, puede llegar a Ciudad Real, pero siempre será más rentable que Ciudad Real tenga cerca una planta generadora de electricidad. Al referirse a la energía francesa consumida en Cataluña y el País Vasco, y en su zona norte –principales y únicas importadoras de esta electricidad-, omite de manera voluntaria que esta energía es producida por las antiguas centrales hidráulicas, que habían quedado obsoletas tras la política de implantación de plantas nucleares surgida en Francia durante la década de los 70, y que se vende a un precio bastante abusivo.

Pero, además, la política energética francesa –como la alemana, otra de las señas de referencia para los que apuestan por este sistema de producción de energía en España- es muy deficitaria, con una dependencia apabullante del gas procedente de Rusia, como se ha podido ver en los últimos inviernos.

Nadie, sin embargo, puede discutir que la producción del kilowatio por hora de una planta nuclear es mucho más barata que la procedente de cualquiera de las energías renovables. Pero también es cierto que éstas últimas aún están dando los primeros pasos en su investigación y que, por otra parte, España es el país puntero en la misma. Apoyar la investigación y el desarrollo de estas nuevas tecnologías, no solamente ofrecería una base sobre la que cimentar la política energética del Estado; además, permitiría ofrecer puestos de trabajo a una industria rentable a medio plazo, como es la de utilidades eléctricas: placas solares, molinos eólicos, boyas mareomotrices… un terreno que está por desarrollar y donde España podría encontrar su oportunidad única de destacar en el panorama económico internacional más allá de por el turismo.

Dando la vuelta de una forma más racional al demagogo periodista de Punto Radio –al menos, en este tema-, nos enfrentamos a desarrollar una política energética basada en criterios del siglo anterior –la fusión nuclear-, hipotecando nuestro futuro en la compra de combustibles que ni producimos -como el uranio o el plutonio-, ni tenemos las tecnologías apropiadas para tratar -es decir, el enriquecimiento-, y en el almacenamiento posterior de los residuos contaminantes a perpetuidad –los gastos de este almacenamiento, curiosamente, nunca se suman al de la producción de su energía… pero han de ser constantes y para siempre- para tener aire acondicionado barato en verano; o bien, sin que esto quiera decir que las políticas estatales de la actualidad vayan por este camino, invertir en la investigación y el desarrollo de energías renovables, sin tener que gastar nada –y cuando digo nada, es nada: cero euros- en combustible, porque el viento, las olas o, sobre todo -en un país con una radiación constante como es este- el sol son gratuitos, a un coste mínimo en su producción, puesto que España ya es puntera en la misma, y con una potencialidad de generación de mano de obra apabullante para que este país tenga otras miras en el futuro que no sean el ladrillo.

No siempre se trata, de tener el culo frío en verano.

Cuanto antes cierre Garoña, mejor.